Víctor Manuel Brizuela declaró ante el juez por las mismas causas que Romero | Salta Entre Líneas
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Víctor Manuel Brizuela declaró ante el juez por las mismas causas que Romero

Víctor Manuel Brizuela declaró ante el juez por las mismas causas que Romero

El exministro superpoderoso de Juan Carlos Romero, Víctor Manuel Brizuela, se presentó BRIZUELA MANUELfinalmente a declarar ante el juez de Instrucción en Transición 2, Federico Diez. Negó toda acusación en su contra.

En el banquillo, Brizuela rindió cuentas (o dijo “no, no y no”) en la causa caratulada como “Dr. Sosa, Alberto Raymundo; Dr. Palombini, Julio César; Escribano Brizuela, Víctor Manuel; Wayar Laura Inés; Dr. Romero, Juan Carlos y Pérez de la Fuente, María, por fraude a la administración pública en concurso real con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita en perjuicio del Estado Provincial”.

Brizuela, a diferencia del senador nacional Juan Carlos Romero,  y a pesar de haber pedido prórroga varias veces, se sentó ante el Juez en la misma causa en la que,  además de la conocida como la de la “Boroquímica”, se encuentran comprendidas las operaciones de compra de tierras de El Galpón y Cerrillos.

Las compras se hicieron a través de las empresas Dash y Estancia El Carmen, cuya presidencia estaba en manos de Juan Esteban Romero hasta que fue transferida a manos de su primo, Rodrigo Marcuzzi.

Hoy también debía presentarse a declarar el actual responsable de Procrear Salta, Rubén Fortuny, quien era en ese momento presidente del IPDUV (actual IPV), pero no asistió. De fuentes judiciales se supo que al funcionario se le fijará una nueva fecha para declarar.

También está previsto que presten declaración las escribanas Pérez de la Fuente y Laura Inés Wayar.

Esta semana Romero no sólo se negó a responder a la consulta periodística sobre las razones por las cuales no declara ante los jueces que lo convocan, sino que aseguró que “hay que escuchar a la gente”. Lo que no dice es que la gente quiere escuchar qué hizo con las tierras que tenían destinos sociales

Las causas en las que está implicado Víctor Manuel Brizuela

Caso Baradero. En 2010, el exfiscal Eduardo Barrionuevo promovió acción penal por “asociación ilícita” contra Romero y Brizuela como “los organizadores” de  esa asociación.

Acción penal por “fraude a la Administración Pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.  En esa acción penal están comprendidos Julio César Palombini, Alberto Raymundo Sosa, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar y María Cecilia Pérez de la Fuente.

Caso El Galpón.  También el exfiscal Eduardo Barrionuevo promovió acción penal por “fraude”, contra Juan Carlos Romero, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y Néstor Adrián Dousset Zamora, entre otros.

El caso Baradero.  La acción penal fue contra Romero y Brizuela por “asociación ilícita”.

El senador nacional Juan Carlos Romero fue imputado en noviembre de 2010 en la causa conocida como “de la Boroquímica” o Baradero, por la cual debe declarar el 30 de julio próximo. En la misma causa están imputados Sosa, Brizuela y Palombini, además de las escribanas Wayar y de la Fuente.

El fiscal de entonces, Eduardo Barrionuevo,  dijo que son los “organizadores” de una banda, por lo que promovió acción penal y requirió instrucción judicial contra el exgobernador Juan Carlos Romero y el escribano Víctor Manuel Brizuela como “organizadores de una asociación ilícita”, que tenía por finalidad “cometer delitos en contra del patrimonio provincial, beneficiando a empresas y personas de su vínculo cercano”.

Según Barrionuevo “parecería que en el tiempo y de un modo organizado se estableció un acuerdo para que, a medida que aparecían oportunidades, se fueran generando “operaciones” que,  en incumplimiento del deber de fidelidad al Estado, se perpetraron en beneficio económico de particulares”.

Dicha organización habría operado teniendo como base el Registro Notarial 39 y distintas áreas del Poder Ejecutivo provincial, tales como la Escribanía de Gobierno y el entonces Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV).

El fiscal arribó a esas conclusiones tras analizar y promover acción penal en la causa por la compra y venta de un terreno contaminado con boro en barrio Bancario, de la capital salteña.

En la misma causa, Barrionuevo promovió acción penal y requirió instrucción judicial por los delitos de “fraude a la Administración Pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público” contra Julio César Palombini, Alberto Raymundo Sosa, y los escribanos Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar y María Cecilia Pérez de la Fuente.

Según se desprende de la promoción de acción, mediante una maniobra fraudulenta, el IPDUV adquirió al abogado Sosa, a un monto de 560 mil pesos/dólares, cinco hectáreas ubicadas entre los barrios Bancario y San Carlos, que él mismo había pagado 180 mil seis días antes.

Más aún: en la maniobra de adquisición se omitió el procedimiento correspondiente para compras de tierras fundando en la necesidad de “construir en forma urgente viviendas en dichos terrenos”.

Sin embargo, los terrenos siguen sin ser aptos para tales fines, por estar contaminados con boro.

El delito de Asociación Ilícita está tipificado en los artículos 210 y 210 bis, del Código Penal argentino, entre los “Delitos contra el orden público”.

Se llama asociación ilícita al acuerdo de voluntades de tres o más personas de dedicarse a actividades delictivas, con carácter más o menos duradero.

El artículo 210 castiga a aquel que formare parte de una banda o asociación, con el fin de perpetrar delitos, que contare con por lo menos tres personas.

Se configura el delito por el solo hecho de ser miembro de la banda, y hasta que esa asociación concluya, siendo la pena de reclusión o prisión de tres a diez años.

La pena se eleva a cinco años en su mínimo, para los jefes u organizadores de la asociación ilícita.

El artículo 210 bis dispone algunos agravantes, estableciendo como pena la reclusión o prisión entre cinco y veinte años, para quien ayudare o cooperare a conformar la asociación ilícita o la integrara.

Se agrava si “funcionarios públicos brindan ayuda, apoyo o dirección a la banda”.

 

Fuente: El Acople