Qué Pernod | Salta Entre Líneas
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Qué Pernod

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La primera denuncia por incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos fue radicada contra el intendente Fernando Almeda en relación a lo actuado en la causa de la usurpación de las 32 hectáreas de la pista de aviación que fueran usurpadas por la empresa Pernod Ricard.

Fernando Almeda incumple desde el año 2013 un mandato emanado del Concejo Deliberante de Cafayate, que dispuso que el Intendente suspenda toda negociación con la empresa usurpadora y tome posesión real de las tierras en conflicto amparándose en toda la documentación existente que da pleno derecho a la Municipalidad de Cafayate sobre ese predio.

Ese mandamiento fue ratificado por unanimidad, en abril de este año por los actuales concejales, pero nuevamente el Intendente de Cafayate desconoció la autoridad del legislativo municipal y continuó negociando con la usurpación en condiciones cada vez más desventajosas para el interés colectivo cafayateño,  al que se supone debería representar y defender. Como agravante, y en una inexplicable incoherencia, algunos de los concejales del presente mandato se desdijeron a sí mismos aceptando analizar algunas instancias de negociación con la empresa usurpadora.

Almeda, lejos de cumplir ese mandamiento, no tan solo lo eludió, sino que actuó en contrario continuando con negociaciones cada vez más sospechadas, en las que todas las opciones son perjudícales a los interés municipales y del pueblo de Cafayate. Ante eso, el grupo de vecinos que reclama en la zona del camino provincial de acceso a las 32 hectáreas, también usurpado, por la devolución a la Municipalidad de las tierras,  radicó una denuncia por incumplimiento a los deberes de funcionario público contra el Intendente, entendiendo que actúa en contra del interés público y colectivo y claramente a favor de los interés de la empresa usurpadora.

También los Concejales

Luego de que un grupo de concejales se contradijera tras ratificar la Ordenanza 31/13,  mandando al Intendente a que tomara posesión real de la propiedad municipal, pero después aceptando abrir instancias de negociación en condiciones leoninas impuestas por la empresa usurpadora, y de que el Concejo Deliberante se opusiera a tratar un proyecto presentado por los vecinos pidiendo el inicio inmediato de acciones de desalojo a los usurpadores,  el grupo de vecinos que reclama por la devolución de las tierras radicó el 9 de junio una denuncia por incumplimiento a los deberes de funcionario público a los siete concejales.

El conflicto por las 32 hectáreas está lejos de solucionarse,  ya que Almeda se niega sistemáticamente a cumplir los mandamientos del Concejo Deliberante y avanza en negociaciones con la empresa que significan un gravísimo perjuicio patrimonial para la Municipalidad de Cafayate y el pueblo en general.

La judicialización de varias aristas de la controversia amenaza con extender la conflictividad, particularmente la social,  ante la sospecha de oscuros negociados entre la empresa usurpadora y las autoridades municipales.

Fuente: Radio Cafayate