Piden expropiar 18.000 hectáreas del narco Delfín Castedo para fines sociales | Salta Entre Líneas
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Piden expropiar 18.000 hectáreas del narco Delfín Castedo para fines sociales

Piden expropiar 18.000 hectáreas del narco Delfín Castedo para fines sociales

En las estancias Santa Úrsula y Santa María del Aguapey, en las cercanías de San Tomé, en Corrientes, durante un tiempo eran frecuentes los aterrizajes de aviones que descargaban grandes cantidades de cocaína. Ambos campos eran la base de operaciones de una organización narcocriminal integrada por delincuentes argentinos, paraguayos, brasileños, peruanos y bolivianos. Ahora, las 7400 hectáreas de los inmuebles rurales fueron expropiadas por orden de la justicia federal en un juicio donde, además, se condenó a los acusados a penas de prisión de entre ocho y 20 años.

Es la tercera vez en los últimos dos años que los jueces de un tribunal aceptan los pedidos del Ministerio Público Fiscal para el decomiso de los bienes obtenidos por organizaciones narco, cuyo desarrollo económico es fruto de la venta de droga.

Los funcionarios estiman que ese mecanismo de recuperación de bienes en poder del narcotráfico podría ser más ágil si se sanciona la ley de extinción de dominio, que tiene media sanción pero que está trabada en el Senado. Con esa norma no se tendría que esperar a una sentencia sino que, a criterio de las autoridades, se podría decomisar los bienes de estas organizaciones de manera más directa.

Las 7400 hectáreas que se expropiaron en Corrientes serían entregadas a la Gendarmería Nacional para que se instale allí un centro de entrenamiento. El destino que se les tiene que dar a los bienes e inmuebles que se les incautan a las organizaciones narcocriminales tiene que ser utilizado para la lucha del tráfico de drogas o la recuperación de adictos, según se señala en la ley.

El 10 de marzo pasado los fiscales federales de Salta José Luis Bruno y Carlos Amad y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, pidieron al secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad, Luis Green, que elabore un proyecto para darles “un fin social” a las 18.000 hectáreas que la justicia federal le decomisó a Delfín Castedo, quien fue detenido en junio pasado tras estar más de diez años prófugo.

El temor es que si esas tierras siguen siendo manejadas por Castedo, esa organización narco puede continuar operando en esa geografía compleja, casi inaccesible. La Unidad Especial de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional estableció que la finca El Pajeal posee un camino de tierra de grandes dimensiones y en buen estado de conservación, que va desde lo que sería el casco de esa estancia, hasta el límite internacional, terminando en un portón. Ese camino se introduce en territorio boliviano, y allí no hay ningún tipo de control.

Según las investigaciones judiciales, Castedo tenía el dominio absoluto de parte de la frontera entre Argentina y Bolivia, cercano a Salvador Mazza. Era el dueño de dos pueblos, El Pajeal y El Aybal, donde esa banda desplazó a decenas de pobladores para tener el control del territorio y se produjo el asesinato el 21 de setiembre de 2006 de Liliana Ledesma, una mujer que había denunciado el copamiento narco.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich recordó tras la detención de Castedo que este hombre de 38 años que está detenido en Salta “no sólo actuó como narco sino que hubo una situación muy concreta que fue intentar capturar tierras para traer la droga con más facilidad y desplazar a los pobladores”.

Millonario decomiso

Otro caso emblemático fue el millonario decomiso que se concretó contra la organización integrada por argentinos y mexicanos que lavaba aquí dinero proveniente del cartel de Juárez.

Campos y parcelas en Buenos Aires y la provincia de San Juan, vehículos, un departamento en Recoleta, otro en Bahía Blanca y todo tipo de bienes muebles valuados en alrededor de 25 millones de dólares, además de otros 13 millones en esa moneda fueron decomisados por orden del Tribunal Oral Criminal Federal (TOF) porteñoN°6 , que convalidó el juicio abreviado en el que intervino el fiscal general Diego Velasco y por el que además se condenó a siete personas por asociación ilícita y lavado de dinero entre 1997 y 1999.

En Corrientes sucedía algo similar que en Salta. Después de una investigación de la Gendarmería Nacional, se descubrió que una banda integrada por argentinos, paraguayos, peruanos, bolivianos y brasileños utilizaba dos estancias en Santo Tomé, donde aterrizaban dos días a la semana aviones provenientes de Bolivia y de Paraguay con grandes cargamentos de cocaína, que esta organización compraba a la banda llamada Lima Lobo, que opera desde Santa Cruz de la Sierra.

El martes pasado los jueces Víctor Alonso González, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas de Badaro condenaron a diez personas a penas de entre ocho y 20 años de prisión. El tribunal también avaló el pedido del fiscal federal Carlos Schaefer de decomisar esas tierras donde operaba esta banda transnacional, que están enclavadas en una zona estratégica del contrabando de estupefacientes.

Los campos eran de María Hilda Calabrese, quien los heredó de su padre. Esta mujer, que fue condenada a 20 años de prisión, había tramado junto con su pareja, Florentino Niemiz, también condenado, una pantalla para arrendar los establecimientos para la cría de ganado. Pero allí no había vacas sino pistas clandestinas custodiadas por un grupo armado y donde desembarcaban grandes cargamentos de cocaína, que después era distribuida en el país y en el extranjero.

Aunque hay una causa paralela por supuesto lavado de dinero, el decomiso de estas dos estancias de 7400 hectáreas fue un golpe a las finanzas de la organización. El fiscal Schaefer planteó en los alegatos es que los campos fueron un “instrumento” para la empresa criminal. Sin esas tierras, la banda no hubiera podido funcionar, debido a que allí no sólo se acopiaba la droga sino también se habían construido pistas de aterrizaje y además se guardaban las aeronaves Cessna que utilizaba la organización criminal.

Fuente La Nación