Para María Inés Diez, el caso excede su ámbito y es “todo un tema cultural” | Salta Entre Líneas
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Para María Inés Diez, el caso excede su ámbito y es “todo un tema cultural”

Para María Inés Diez, el caso excede su ámbito y es “todo un tema cultural”

María Inés Diez, defensora General de la provincia, explicó las funciones y atribuciones del organismo que encabeza.

Primeramente indicó que el Defensor Oficial es un abogado que paga el Estado para atender a las personas que no tengan recursos para acceder a un letrado particular en el ámbito civil y de familia.

“Atendemos a un sector vulnerable de la sociedad, tenemos un límite, que es el salario mínimo – hoy en $6800 –, pero también tenemos en cuenta situaciones especiales, la asignación universal, por ejemplo, no la contabilizamos como ingreso”, explicó la funcionaria. Agregó que en el fuero penal la operatoria es diferente ya que se atiende a la persona sospechada de un delito y que no designó a su abogado. “Por Constitución, tenemos la obligación de atender a cualquier persona, sin tener en cuenta la capacidad económica”, señaló.

En tanto, en el ámbito de violencia familiar se asesora a cualquier persona, “pero es solo un asesoramiento”, aclaró Diez y añadió: “Cuando el expediente ya está iniciado, volvemos a revisar la capacidad económica de la persona”.

Mediación

En la provincia se instalaron los procesos de mediación con la finalidad de que algunos casos no lleguen a la instancia judicial, al considerar que los juzgados se encuentran saturados de causas y eso dificulta la celeridad con la que actúa la Justicia.

En ese sentido, Diez indicó: “En Capital tenemos 9 Defensores y atendemos alrededor de 40 casos nuevos diarios por cada Defensoría. Es mucho el trabajo que tenemos y lo hacemos bien, tenemos un porcentaje de casos resueltos del 40%”.

Cabe destacar que el proceso de mediación ha sido muy criticado desde su implementación ya que, según se denuncia públicamente, muchas veces la resolución por este método es forzada, tal es la situación de los casos por violencia de género. La Defensora General desmintió las acusaciones y explicó: “La violencia no tiene mediación, es claro que cuanto tenemos un violento y una víctima no hay situación de empoderamiento similar, esto es necesario para la mediación. Lo que sí se pueden mediar son las situaciones que producen la violencia, por ejemplo, el tema de la cuota alimentaria”.

La actuación en el caso de la niña wichi

En toda la provincia hay cinco Defensorías de Víctimas de Violencia Familiar y de Género creadas en el marco de la Emergencia por Violencia de Género dictada por el Ejecutivo Provincial: dos en Capital, una en Metán, una en Orán y una en Tartagal y comenzaron a funcionar recién este año. Según consta desde su apertura, tienen la función de atender integralmente a la víctima, es decir, una vez que llega a la Defensoría, no importa en qué fuero la violencia haya tenido impacto.

“La idea fue que la víctima no vaya tocando distintas puertas, sino que en una sola puerta se la atiende integralmente”, explicó la funcionaria.

Apenas conocido el caso de la menor wichi violada en banda, María Inés Diez declaró que el organismo que representa no había tenido intervención al momento de producirse la violación y su posterior denuncia porque la Defensoría de Tartagal entró en funciones recién meses después.

“El tema llegó a la Defensoría de Tartagal unos 15 días antes de que se conozca públicamente el caso, nosotros fuimos los últimos en enterarnos y ahora estamos trabajando activamente con poder otorgado por los padres de la niña”, señaló.

Y agregó: “Creo que es un tema que tiene un trasfondo mucho más amplio que el de una Defensoría, creo que tiene todo un tema cultural de por medio que excede al ámbito donde trabajamos nosotros”.

Diez aseguró que hoy la Defensoría está ocupada en el caso “como se deberían haber ocupado todos los actores del ámbito jurídico desde un primero momento”.

Por otro lado, la funcionaria dio por tierra las críticas en cuanto a la falta de actuación de oficio al indicar que la medida no está entre las competencias del organismo. “Siempre tiene que haber una petición de una parte interesada. No se puede defender a alguien que no quiere ser defendido o sin conocer de qué se lo tiene que defender. Actuar de oficio quiere decir actuar sin que nadie me lo pida, es lo que hace el fiscal. Es indispensable que alguien nos requiera”, explicó.

Siguiendo con el caso de “Juana” (nombre de ficción de la menor), Diez comentó: “El juez nos anoticia y nosotros actuamos, fuimos a preguntarle a los padres si querían que los defendamos. Aquí, en Salta, el Observatorio nos pone en contacto nuevamente con los padres y comenzamos efectivamente la defensa”.

Finalmente, la Defensora General destacó que el organismo lleva adelante 700 casos en toda la provincia, la mitad con expediente y la otra mitad de consulta. “Dicho sea de paso, algo que nos llamó la atención es que la mayor cantidad de estas últimas son de mujeres que quieren levantar la denuncia contra el violento”, advirtió.

“Nosotros trabajamos con estas mujeres, averiguamos dónde vive, conseguimos un turno en la salita más cercana o en el hospital, luego hacemos un seguimiento. La violencia crea círculos viciosos, hay que pensar que la persona – una vez que se anima a denunciar – tiene que tener en claro cuál va a ser su futuro”, subrayó.

Fuente: “Hora 7 radial” – FM Noticias 88.1 Mhz.