“No tenemos obligación de atender a la menor violada…” | Salta Entre Líneas
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“No tenemos obligación de atender a la menor violada…”

“No tenemos obligación de atender a la menor violada…”

Entre las diversas irregularidades por el caso de la niña wichí violada y embarazada destacaron que no había un traductor wichí en la investigación. Desde la Defensoría General de la provincia desestimaron esa denuncia.

“No me consta que no haya habido un traductor en la investigación, pero me llama la atención y miro con total escepticismo esa denuncia, porque nosotros siempre trabajamos con traductores”, manifestó la titular de ese organismo, María Inés Diez.

Además, la funcionaria justificó que la Defensoría de Tartagal no atendió a la familia de la menor porque “el caso no estaba judicializado”.

La aclaración

Ante la misma consulta en otro medio de comunicación, María Inés Diez ratificó que sí se dispuso de un traductor, pero que solo fue utilizado para la defensa de uno de los menores acusados de la violación. “La Defensoría puso un traductor que se llama John Palmer para tomar declaración a uno de los acusados, es lo que indica la Constitución”, dijo.

Entonces, ¿cómo se entiende  que la víctima no pudiese declarar?

“No tenemos obligación de atender a la menor violada, esto es a requerimiento y nunca llegó a la Defensoría de Violencia porque esta – cuando el hecho ocurrió – no funcionaba en Tartagal todavía, comenzó a funcionar recién en febrero”, concluyó Diez.

“No podemos escudarnos, hay una estructura bilingüe instalada  en función de la existencia de las comunidades originarias”

La abogada Verónica Huber, quien representa a comunidades originarias, dio precisiones respecto al procedimiento judicial que debe seguirse en casos como el de la niña wichí del paraje Alto La Sierra, departamento Rivadavia, que fue violada y cursa un embarazo de riesgo de seis meses.

Explicó que al haber un menor involucrado los primeros representantes legales son los padres, con lo cual, en el caso de no estar involucrados en la situación, son quienes deben realizar la denuncia correspondiente. “Suponemos que por ser personas en situación de vulnerabilidad, reconocidas así en distintos tratados internacionales, hay situaciones de control que exceden el ámbito familiar, como lo es la escuela o algún Centro de Salud”, observó y consideró que es desde allí desde donde se deben tomar acciones al advertir la situación. “Aquellos que son funcionarios públicos tienen la obligación de poner en conocimiento a las autoridades correspondientes en el caso de conocer un delito. Si los padres no están denunciando, mínimamente algún tipo de intervención tiene que haber para controlar que los derechos de la niña estén siendo debidamente cautelados”, enfatizó.

Por otra parte, Huber cuestionó los dichos de la ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti, respecto a la falta de traductores y dijo: “No podemos escudarnos, se supone que hay una estructura bilingüe instalada en función de la existencia de las comunidades originarias”. Además resaltó que se debe trabajar con antropólogos y contó: “Hay fallos que establecen que los efectores judiciales no son los más adecuados para tratar en estas circunstancias porque hasta existe falta de empatía”.

La abogada explicó que los tratados de derechos humanos a los que ha suscripto la Argentina son leyes de rango constitucional, en este caso lo referido a los pueblos originarios, particularmente a las mujeres originarias. “Los poderes judiciales tienen que generar las condiciones para que estas personas tengan un acceso real y efectivo a la justicia. Los poderes públicos no pueden hacerse los tontos ni los distraídos”, aseveró y sostuvo que el diputado Ramón Villa no debería sólo haber advertido respecto a la situación a la ministra Calletti, sino que debería haber denunciado el caso él mismo.

Fuente: “Algo personal” FM Noticias 88.1 Mhz.