Las causas de La Ciénaga y Salta Forestal son parte de un operativo de impunidad | Salta Entre Líneas
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Las causas de La Ciénaga y Salta Forestal son parte de un operativo de impunidad

Las causas de La Ciénaga y Salta Forestal son parte de un operativo de impunidad

“Esta semana hubo dos fallos que tienen el mismo signo de la impunidad. Son dos casos que probablemente sean los más graves. Uno de La Ciénaga y el otro de Salta Forestal”, afirmó el diputado por el Partido Obrero Claudio del Plá.

“Fui denunciante de otras 5 causas contra el gobernador Juan Carlos Romero, que también tienen que ver con la malversación de operaciones de compra y venta de tierras por el Estado. En La Ciénaga (Juan Carlos) Romero se apropió de 90 hectáreas que iban a ser un barrio de Tierra y Hábitat, se quedó con esas hectáreas para sus propias empresas por un dinero muy menor”, aseguró Del Plá.

“En los casos que yo denuncié, las operaciones en general, eran operaciones de sobreprecio, por ejemplo, en el barrio Congreso Nacional de Cerrillos, otro barrio Fonavi de 14 hectáreas de Mosconi, operaciones con empresas, Una que se llamaba “Desafíos con el Chaco”, que era una empresa de (Juan Carlos) Romero, donde aparecía él como vendedor al Estados, es decir, cuando él vendía le vendía caro al estado y cuando compraba, compraba barato”, explicó el diputado.

“En el caso de Sala Forestal también es muy grave, en esa causa somos nosotros los presentantes. Salta Forestal es un predio de 350 mil hectáreas fiscales que fue cedido a dos empresas, a la familia de Olmedo y a la empresa Cresud, por 64 años para la explotación. La denuncia nuestra es que ni siquiera se les cobra un canon por la explotación de esas tierras, que es el equivalente al 10% de la producción. Urtubey decidió por un decreto perdonar la deuda a una empresa de Olmedo”, aseveró.

“El dinero recaudado, según la ley que establece ese canon, la mitad debe distribuirse entre los municipios de Anta, es decir de los municipios más pobres de la provincia de Salta, donde hay indicadores de miseria social brutales. La Corte decidió esquivar el problema y decir que no estaban dados los requisitos formales para declarar la inconstitucionalidad”, expresó el diputado Del Plá.

El acuerdo por Salta Forestal

Ecodesarrollo SA fue la empresa con la que Agropecuaria Olmedo ganó una licitación pública en 1998 para obtener 360 mil hectáreas de monte pertenecientes a Salta Forestal, ubicada en una zona privilegiada para la producción agropecuaria. Los terrenos estaban en proceso de liquidación por parte del Estado, en medio de la ola privatizadora que impulsó Romero. Alfredo Olmedo padre y Néstor Cervera presentaron una “iniciativa privada” para obtener la “concesión de la explotación y ejecución de un proyecto integral: biológico, económico y social”. Mediante un decreto, Romero le otorgó al proyecto una ventaja del 7 por ciento y dejó la licitación sin competidores. Su nombre sonó entonces como uno de los socios fuera de los papeles para que el contrato se terminara por firmar el 16 de mayo de 2000.

El objetivo de la concesión era desarrollar el área durante 64 años, sin tener que pagar ningún canon hasta el vigésimo primer año. La inversión no debía ser menor a 36 millones de pesos-dólares y, a partir de 2021, Ecodesarrollo SA debía pagar 50 mil dólares por año. Entre las obligaciones que estableció el pliego y que se incumplieron estaba la de mejorar “la calidad de vida de los habitantes”, y quedaba prohibido el monocultivo, además de tener indicaciones específicas para desmontes, mejora de la infraestructura y forestación. Según informes oficiales, desde 2003 las inspecciones detectaron que el cronograma de inversiones no estaba siendo respetado y que el concesionario no cumplía con los montos acordados. Ese mismo año la empresa se dividió y, mediante otra discutida resolución de Romero, el Ejecutivo autorizó a Agropecuaria Cervera SA a quedarse con 132 mil hectáreas de Salta Forestal, que luego traspasó a Cresud SAIF, propiedad del poderoso holding inmobiliario IRSA, dueño de los principales shoppings del país. En 2008, tras crear la Unidad de Revisión y Renegociación (Uniren) de contratos y licencias, la provincia logró firmar un acuerdo con Cresud por la devolución de 30 mil hectáreas y el pago de un canon equivalente a un quintal de soja por hectárea cosechada por año, lo que representa más de un millón trescientos mil pesos

Fuente: Sapo de Otro Pozo/Fm Noticias 88.1 Mhz