La Corte Suprema manda a juicio al Senador Nacional Juan Carlos Romero | Salta Entre Líneas
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La Corte Suprema manda a juicio al Senador Nacional Juan Carlos Romero

La Corte Suprema manda a juicio al Senador Nacional  Juan Carlos Romero

El fallo resuelve un planteo en la causa por negociados vinculados a un hangar del aeropuerto de Salta. Los imputados son Juan Carlos y Juan Esteban Romero, Raúl Romeo Medina y Ricardo Funes.

Ex gobernador Juan Carlos Romero irá a juicio en una de las diez causas que tiene abierta en la Justicia penal salteña por hechos de corrupción. El fallo fue dictado el 4 de julio pasado y consta de dos fojas, en una de las cuales se hace conocer la resolución, mientras que en la siguiente sólo figuran las firmas de los jueces que resolvieron el incidente de competencia por el cual el caso llegó al máximo Tribunal del país.

Al emitir su decisión, los jueces Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fernando Rosenkrantz, coincidieron en sostener que el proceso penal en contra del ex gobernador debe seguir bajo la jurisdicción del Juzgado de Garantías 5, tribunal que ya elevó la causa a juicio a instancia del requerimiento solicitado por el ex fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier.

En esta causa, una de las diez que tiene abierta en la Justicia penal salteña por hechos de corrupción durante su paso por la función pública, a Romero se le imputó los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación en perjuicio de la administración, ambos en concurso real.

A su hijo Juan Esteban Romero, se le imputó el delito de “coautor por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública”, en su calidad de presidente de Finca La Represa S.A., la sociedad utilizada para defraudar al Estado provincial. Por otra parte, la Fiscalía imputó al ex secretario de Gobierno Raúl Romeo Medina y al ex director de Aviación Civil Ricardo Funes los delitos de cómplices primarios.

Tras el pedido de juicio en contra de Romero, la causa fue girada a juicio a la Sala II del Tribunal de Juicio. El 23 de diciembre de 2015, la jueza María Victoria Montoya dictó una resolución mediante la cual declaró que la causa ya está lista para que se fije fecha de juicio y que la etapa de presentación de pruebas quedó clausurada.

Respecto a la fijación de fecha de debate, había quedado trabada a partir de un fallo dictado por la Corte de Justicia, presidida por ese entonces por Guillermo Posadas, quien impidió que se siga adelante con el enjuiciamiento de Romero hasta tanto se resuelva un litigio de competencia que se hallaba en la Corte Suprema de Justicia.

Ahora resulta la instancia, sólo la política y aquel “abrazo de la impunidad” entre Juan Carlos Romero y el actual gobernador, Juan Manuel Urtubey, podría impedir que avance una causa que hasta la Corte Suprema ordenó que avance.

El pedido de desafuero a Romero caducó y nunca fue reformulado

Consultado al respecto, el diputado del Frente Plural, Matías Posadas, recordó la denuncia que él presentó ante el Ministerio Público Fiscal sobre la “sesión en comodato de la Provincia a una sociedad anónima para que explote el hangar”.

Según explicó, el comodato fue dado por 20 años a una empresa perteneciente al hijo del ex gobernador, Esteban Romero, para que invierta en la construcción del hangar, aunque terminó construyéndolo para sus propios aviones.

“La defensa dijo que quienes deben juzgarlo es el fuero federal porque el hangar está construido en territorio federal. Los dos fueros- provincial y federal- se declararon competentes y lo resolvió la Corte de Justicia que decidió que lo resuelva la justicia provincial”, agregó Posadas quien además remarcó que “ya puede continuarse con el trámite procesal, el fiscal pedir la elevación a juicio o no, y el juez determinar si la causa ya está para que salga el juicio o no”.

Por otra parte, opinó sobre las declaraciones del fiscal de Corte Alejandro Saravia, quien reconoció que un “abrazo” entre Juan Manuel Urtubey y Juan Carlos Romero garantizaría su impunidad. “A mí no me gusta cuando los jueces hacen política ni los fiscales, él tiene herramientas para instar o no alguna acción penal”, dijo y manifestó: “Me gustaría que dé más explicaciones técnicas”.
Seis meses para tratar el desafuero

Respecto al pedido de desafuero a Romero que realizó en marzo de 2.016 el juez Diego Rodríguez Pipino, Posadas aclaró que “son seis meses que tiene la Cámara para tratar el pedido de desafuero de cualquier persona”, y señaló: “Si no se trata eso caduca y hay que hacer otro pedido o procesalmente ver cómo sigue la cuestión”. De esta manera, se entiende que el juez debió haber reformulado el pedido.

“En algún punto estoy cansado de que desde la política nos pasemos discutiendo estas cuestiones porque la justicia no resuelve. Creo que a la política le hace mal cuando está todo en permanente estado de sospecha. Me parece que tenemos que exigir todos que se cierren las causas, para un lado o para el otro”, observó.

Fuente: Algo personal/ FM Noticias 88.1 Mhz.