La Corte de Justicia de Salta hizo lugar parcialmente a dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley 7799 que reformó el Código Procesal Penal de la provincia | Salta Entre Líneas
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La Corte de Justicia de Salta hizo lugar parcialmente a dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley 7799 que reformó el Código Procesal Penal de la provincia

La Corte de Justicia de Salta hizo lugar parcialmente a dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley 7799 que reformó el Código Procesal Penal de la provincia

Claudio Ariel Del Plá, Pastor Rubén Torres y Pedro Oscar García Castiella promovieron una de las acciones, mientras que la otra fue presentada por Oscar Pedro Guillén, todos por sus propios derechos.

Respecto de la declaración del imputado ante el fiscal, los jueces de la Corte de Justicia recordaron que es un acto esencial que contiene su defensa o descargo. Advirtieron los jueces que para que el acto tenga validez deben estar presentes necesariamente el fiscal, el imputado y su defensor. “La presencia del defensor es condición de validez de la audiencia porque lo que se busca es mantener una plena integración entre la defensa material y la técnica”.

La ley 7799 contemplaba dos soluciones distintas. La primera exige la comparecencia del imputado, siempre en primer lugar ante el fiscal y le deja una opción remanente de no declarar en esas condiciones y solicitar hacerlo ante el juez de Garantías. En la segunda opción vinculada a la presentación espontánea de quien se considera sospechado con o sin imputación formal, la ley elimina completamente la posibilidad de emitir descargo ante el juez de Garantías, aspecto sobre el cual la Corte de Justicia consideró que “tal privación constituye una limitación al derecho de defensa, a la garantía del juez natural, al acceso a la justicia y a la llamada igualdad de armas que no se compadece con tales normas de jerarquía constitucional. Por lo tanto, deben declararse inconstitucionales los artículos 1 y 21 de la mencionada ley en cuanto modifican los artículos 89 (“… tiene derecho a presentarse ante el Fiscal…”) y 369 del Código Procesal Penal (“… podrá presentarse ante el Fiscal…”), soslayando la opción que con buen tino y adecuación constitucional establecía la Ley 7690.”

También se pronunció la Corte a favor del cuestionamiento contra el artículo 28 de la Ley 7799 que modificó el artículo 425 del Código Procesal Penal y que dice “…el imputado podrá proponer al Fiscal la suspensión del proceso a prueba…”. Dijeron los jueces que esta modificación “lesiona la garantía del juez natural, atribuyendo nuevamente al Ministerio Público Fiscal potestades jurisdiccionales, además de contradecir al artículo 76 bis del Código Penal, jerárquicamente superior en virtud del artículo 31 de la Constitución Nacional.”

Al respecto apuntaron los jueces que aunque la intervención del fiscal es insoslayable en todos los casos además de su consentimiento para la procedencia del otorgamiento del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, “es función del juez evaluar si se encuentran reunidos los extremos exigidos por la citada norma del Código Penal y, en consecuencia, adoptar su decisión, evaluando si una eventual oposición o disconformidad del fiscal resulta o no ajustada a parámetros de razonabilidad.”

La norma condicionaba el inicio del trámite o su formulación al obligar al imputado a alcanzar un acuerdo con el fiscal formalizado en un acta como condición previa para acceder a la instancia judicial “violándose así su derecho de acceder a la justicia y solicitar la suspensión del juicio a prueba conforme lo regula el citado artículo 76 del Código Penal” por lo que los jueces de la Corte consideraron que el artículo 28 de la Ley 7799, modificatorio del artículo 425 del Código Procesal Penal “resulta palmariamente inconstitucional”.

Respecto del planteo sobre los artículos 7 y 22 de la ley 7799 que reconocían al Ministerio Público Fiscal la potestad de disponer la intervención de la fuerza pública, recordó la Corte de Justicia de Salta que esta disposición “colisiona con el artículo 19 de la Constitución Provincial que establece que la libertad personal es inviolable y nadie puede ser detenido sin orden de autoridad judicial, salvo el caso de flagrante delito y demás excepciones extraordinarias que prevé la ley.”

El principio constitucional citado es una garantía vinculada al principio de inocencia ya que la responsabilidad penal sólo surge de una sentencia condenatoria firme y las excepciones que autorizan a proceder sin orden judicial están vinculadas sólo a las situaciones de flagrancia a la que no es asimilable la incomparencia a una citación. Entonces la incomparencia a una citación del fiscal no puede ser equiparable a la flagrancia, pero esto no es obstáculo para solicitar el auxilio de la fuerza pública en las situaciones de flagrancia.

“Fuera de la accidentalidad de la concreción de la detención por la autoridad policial o particulares en casos de flagrancia, que, por lo demás, implica la obligatoria puesta a disposición judicial del afectado por dicha medida de manera inmediata, el estado de detención, más allá de ese momento fugaz, no puede ser mantenido sin que lo ordene un juez, sea cual fuere la denominación que se utilice para proceder a la restricción de la libertad ambulatoria”, puntualizaron los jueces del Alto Tribunal de la Provincia.