La Ciénaga: Operativo impunidad de cara al 2.019 | Salta Entre Líneas
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La Ciénaga: Operativo impunidad de cara al 2.019

La Ciénaga: Operativo impunidad de cara al 2.019

El dirigente del Partido Obrero Pablo López se refirió a la última resolución que vuelve a foja cero la causa La Ciénaga, en la que se investiga al ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero por la venta ilegal de 90 hectáreas que habían sido adquiridas por la provincia con fines sociales. Aseguró que “es parte de un operativo de impunidad que seguramente tiene que ver con acuerdos políticos que se están tejiendo en función de lo que va a ocurrir el año que viene, probablemente, con las elecciones”.

López remarcó, además, que no se trata solo de caso de La Ciénaga al puntualizar: “También hay otros casos que nosotros hemos denunciado ante la justicia. En su momento hubo un requerimiento de desafuero para que Romero vaya a declarar en la justicia, que el Senado nunca trató”.

“Estamos frente a un operativo de impunidad porque nos acaba de rechazar el pedido de inconstitucionalidad que hemos hecho en el caso de Salta Forestal por la condonación que le hizo Urtubey a la empresa de Olmedo. Todo aparece como un operativo para dejar impune a todos estos negociados. Es una justica que siempre ha estado atada al poder político de turno, tanto Romero como Utubey”, concluyó.

La Causa

Hay que  recordar que la causa “La Ciénaga” gira en torno de la venta irregular de 90 hectáreas de la finca “La Ciénaga” que fueron adquiridas por la provincia en junio de 1998 destinadas al Programa de Familia Propietaria, con fines sociales. La operatoria se consignó por 1.100.000 pesos, en paridad con el dólar.

En febrero de 2004, con la cotización del dólar a $ 2.91, la propiedad alcanzó un valor de 3.201.000 pesos. No obstante, y según la acusación penal, Romero autorizó la entrega de las 90 hectáreas a José Luis Agustoni, por una suma de 460.000 pesos.

A los meses, el 4 de junio, el terreno fue vendido por Agustoni a María Cecilia Pérez de la Fuente por la suma de 100 mil pesos.

Finalmente, el 19 de noviembre de 2009, las 90 hectáreas fueron transferidas a Estancia El Carmen S.A por la suma de 100 mil pesos. Al indagar sobre esta nueva firma propietaria, se estableció que se trata de una empresa dirigida por Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador, junto a Marcelo Romero y Rodrigo Marcuzzi, cuya sede es la misma que Horizontes S.A, editora del diario El Tribuno.

Agustoni es considerado clave en la causa. La sospecha de la Justicia es que Romero lo usó de testaferro para hacerse de dinero del Estado provincial e intermediario para que las tierras de La Ciénaga pasen finalmente a sus manos.

En la causa “La Ciénaga” hay trece imputados: el exgobernador y actual senador, Juan Carlos Romero; su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny; el actual ministro de la Primera Infancia, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni.

Cabe aclarar que el reciente fallo sólo abarca la promoción penal, por lo que la causa no se archiva ni podría prescribir, ya que algunos de los imputados continúan ejerciendo cargos en la función pública.

La apelación

Los Fiscales de Cámara que podrían haber tenido la causa, iniciada con la acusación de los fiscales Eduardo Barrionuevo (actualmente juez) y Ema Puente (ya jubilada), son Rodolfo Villalba Ovejero, Guillermo Akemeier y María Inés Loyola, aunque es Loyola quien finalmente quedaría a cargo.

Precisamente, Loyola ya promovió acción penal contra Romero al estar a cargo de la causa La Ciénaga en primera instancia en 2.010 y después asciende a Fiscal de Cámara. Por su parte, Akemeier que investigó al ex gobernador por el uso del hangar.

Quien nunca tuvo una acción contra el ex gobernador es el Renovador Villalba Ovejero. Trascendió que, por sorteo, la causa pasó a la Fiscalía de Cámara que conduce y decidió que no apelará el fallo.

No obstante, tras la reforma judicial que habilitó nuevas fiscales, la causa podría pasar a una de las fiscalías de Delitos Económicos Complejos, a manos de Mónica Poma o de María Eugenia Guzmán.

En este punto, la causa queda en manos del Ministerio Público Fiscal, a cargo del procurador General de Salta, Pablo López Viñals, quien será él quien tome la decisión de apelar o que la sentencia quede firme.

Vale destacar también que ayer en la sesión del Senado, Romero dijo confiar en el esclarecimiento en la causa de los cuadernos fotocopiados y “que no termine, como dice el Gatopardo: ‘Que todo cambie para que nada cambie’”. Lo dijo precisamente ex gobernador y actual senador nacional que constantemente evade a la justicia, sin presentarse jamás a declarar en ninguna de las múltiples causas en las que se lo investiga por corrupción y enriquecimiento ilícito, amparándose siempre en los fueros.