“La censura previa está prohibida” | Salta Entre Líneas
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“La censura previa está prohibida”

“La censura previa está prohibida”

La jueza de Garantías 7 en feria, María Edith Rodríguez, ordenó al titular de dos diarios digitales el cese inmediato de toda publicación y difusión de carácter injuriante, irrespetuoso, agraviante y destinada exclusivamente al ataque de la honra, dignidad y honor que agravien al Intendente de la Capital y dos funcionarios municipales.

La resolución de la magistrada, quien hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el intendente Gustavo Ruberto Sáenz, y los funcionarios Nicolás Demitrópulos y Pablo Outes; ordena el cese de las publicaciones que agravien a los tres funcionarios, “en su carácter personal y que excedan la finalidad de críticas a la gestión pública”, en los términos de los artículos 87 de la Constitución Provincial y 43, de la Constitución Nacional.

En consecuencia, los portales deberán extraer todas las publicaciones existentes con contenido de carácter personal: cuya existencia fue demostrada a través de la prueba documental aportada a la causa.

La jueza amplió la orden de no difundir o publicar en los medios digitales, a las redes sociales, cuando se trate de ofensas personales y agravios hacia el jefe comunal y los dos funcionarios, en el entendimiento de que “agreden su integridad personal y espiritual”.

Dijo la jueza que “como derecho constitucional, la libertad de expresión está garantizada para todos los ciudadanos de nuestra Nación, pero dicha garantía encuentra su límite debiendo ceder cuando se traspasa la finalidad para la cual fue creada, afectando de manera directa otros derechos que en la ponderación de valores deben encabezar la prioridad de protección”.

Y que “cuando ya se ha dejado de hacer un uso racional, limitado y respetuoso de un derecho, lesionando de manera directa los derechos personalísimos de los seres humanos, como el derecho a la honra, la dignidad personal y a la libertad de trabajo garantizada en la tranquilidad sin constantes hostigamientos, principios estos que están por encima de cualquier otro por la sola condición de ser humano, debe procederse al limitar ese uso de una prensa mal usada y tergiversada.

Y agregó que en este caso “el derecho a la libertad de expresión en nada queda inmovilizado o imposible de seguir siendo ejercido por el demandado…” ya que los actores “simplemente requieren el cese del agravio y ofensas que dañan el normal desarrollo de la función con la clara afectación al derecho al trabajo”.

El fallo cita la doctrina y jurisprudencia “constante y uniforme”, a nivel provincial, nacional e internacional, que deja sentada la posición de tutela de los bienes que se encuentran en juego.

“La censura previa está prohibida”

La jueza de Garantías María Edith Rodríguez ordenó a un medio de comunicación digital cesar las “publicaciones injuriantes” contra el intendente Gustavo Sáenz y los funcionarios Pablo Outes y Nicolás Demitrópulos. Guillermo Martinelli, diputado provincial, habló sobre el tema.

El legislador consideró “muy subjetiva” la resolución de la jueza y una “censura previa” a los periodistas en lo que respecta a informar sobre los funcionarios. “Esto es muy peligroso realmente y sobre todo cuando es una medida cautelar tan genérica porque no es solamente contra un medio, sino también contra otros”, manifestó.

Martinelli aseguró que de esta forma la prensa solo pasa a ser una cuestión de información acortada y remarcó que la decisión de la jueza es “un exceso” y “un mal camino”.

“Está prohibida la censura previa. La Corte Suprema fue clara en defender la libertad de prensa, que es el método en el que todos podemos informarnos y participar en la información”, expresó.

Además, el diputado marcó la diferencia entre una cautelar y un fallo. El primer caso, la medida es preventiva mientras que en el fallo es algo definitivo. También, recalcó que ninguna resolución judicial puede tener un carácter general.

Por otro lado, se refirió al caso de Anita Quinteros, la joven feminista imputada tras una denuncia del diputado Andrés Suriani, y dijo: “Acá la imputación no significa condena, significa que a la persona esta le imputa por, supuestamente, cometer un delito. Ella tiene la posibilidad de defenderse y el fiscal tiene que buscar méritos para que vaya a juicio”.

El caso de Quinteros llamó la atención porque la investigación y la audiencia se llevaron a cabo en medio de diez días. Martinelli manifestó que eso “llama la atención” y afirmó que le sorprendió la rapidez con la que se dio este caso. El legislador, además, consideró que no fue una amenaza de muerte real porque para que sea así tiene que haber un caudal que convenza de que la acusada puede realmente llevar a cabo la acción.

Eso se llama censura

“Si esto hubiese ocurrido en la época del proceso, estos tipos nos meten un tiro o nos mandan a la cárcel” dijo Víctor Elías, titular de los diarios digitales a los que se les impuso el cese inmediato de “toda publicación y difusión de carácter injuriante, irrespetuoso, agraviante y destinada exclusivamente al ataque de la honra, dignidad y honor que agravien al Intendente de la Capital, Gustavo Ruberto Sáenz, y dos funcionarios municipales, Nicolás Demitrópulos y Pablo Outes”, habló sobre la medida tomada por la jueza de Garantías 7 en feria, María Edith Rodríguez.

“El tema es: ¿Dónde termina la responsabilidad pública y dónde comienza la responsabilidad privada?” indagó Elías, en referencia al fallo que establece “La jueza amplió la orden de no difundir o publicar en los medios digitales, a las redes sociales, cuando se trate de ofensas personales y agravios hacia el jefe comunal y los dos funcionarios, en el entendimiento de que “agreden su integridad personal y espiritual”, y agregó “la jueza habla de honestidad, dignidad y de honor, yo lo que me pregunto cuál es el honor, la honestidad y la dignidad de individuos que son allanados por la justicia”.

“Quieren que parezca que es un ataque personal cuando ellos son hombres públicos” y aseguró que las publicaciones no están vinculadas a la vida privada de los funcionarios, sino, por ejemplo, sobre las ausencias laborales de los mismos, “invito a cualquier periodista que vaya y constate que no van a trabajar, porque no van. Dije que tuvo un juicio cuando fue presidente del Concejo Deliberante, que no sé dónde quedó, pero lo tuvo al juicio y no está absuelto porque yo nunca he visto que están libres de culpa y cargo. Tienen denuncias en la Cooperadora Asistencial, que le hicieron los diputados radicales”.

Asimismo expuso que están apelando el fallo ya que la jueza solicitó que se eliminen las publicaciones humorísticas. “Si esto hubiese ocurrido en la época del proceso estos tipos nos meten un tiro o nos mandan a la cárcel”, y manifestó que considera que esto es un caso de censura previa. “Ellos tratan de amordazarnos para que no hablemos de su vida privada pero ellos son funcionarios públicos. Si sos funcionario público y con el dinero público te das una vida licenciosa cómo no te voy a publicar la vida licenciosa”.

“No hicieron en ningún momento licitaciones para las obras públicas que están haciendo en el centro. Uno de los funcionarios es propietario de una fábrica de adoquines que está instalada en el Parque Industrial de General Güemes”, agregó.

Ante la consulta sobre por qué cree que Sáenz, Demitrópulos y Outes presentaron esta denuncia dijo “Creo que tienen miedo de lo que podamos publicar sobre sus vidas privadas, que están bastante cuestionadas en la sociedad salteña. Sáez comenzó con una casa en el año ’96 y tiene 8 casas, 2 fincas, joyas, vive en San Lorenzo, es bastante complejo el tema”.

Fuente: “Algo Personal” FM Noticias 88.1 /  Radio Nacional