La captura de Delfín Castedo es una victoria circunstancial en la lucha contra el narcotráfico | Salta Entre Líneas
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La captura de Delfín Castedo es una victoria circunstancial en la lucha contra el narcotráfico

La captura de Delfín Castedo es una victoria circunstancial en la lucha contra el narcotráfico

Si bien el Gobierno reconoció el grave avance del tráfico y el consumo de drogas y expresó su voluntad de combatirlo, carece de un plan amplio y consensuado.

Los escasos ocho meses que lleva el actual gobierno nacional son un lapso demasiado exiguo para exigirle avances palpables en la lucha contra el narcotráfico, en especial luego de 12 años de un régimen que se caracterizó por ignorar ese inocultable flagelo, mientras que, en los hechos, su pasividad cómplice contribuía al brutal crecimiento del tráfico y el consumo de drogas en nuestro país.

Sin embargo, dada la voluntad que públicamente puso de manifiesto Mauricio Macri, antes y después de arribar a la presidencia, acerca de la imperiosa necesidad de librar un combate frontal contra el narcotráfico, ocho meses es tiempo suficiente para perfilar una verdadera política de Estado en esa materia, que traduzca aquella voluntad en claros lineamientos por seguir tanto en el orden nacional como en el provincial y el comunal. Por desgracia, eso aún no ha ocurrido.

Recientemente se informó que el Gobierno ha puesto en marcha un plan de lucha contra el narcotráfico y contra posibles amenazas del terrorismo en las fronteras, con la participación de todas las fuerzas de seguridad, las policías locales y las justicias provinciales, más el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Similar apoyo se pidió a Estados Unidos y a Israel. El primer operativo combinado se llevó a cabo el mes pasado en Misiones.

Se trata de una señal alentadora, pero no de la política de Estado que necesita el país y que parece lejana cuando reparamos en algunos hechos graves, como los nombramientos en la AFI (ex SIDE) de Gustavo Arribas y, especialmente, de su segunda, Silvia Majdalani. Se teme que con esta nueva cúpula permanezcan en el organismo espías que revistaron bajo las órdenes del gobierno kirchnerista y se prestaron a toda clase de atropellos. Este diario reveló incluso que, en 2007, la ex SIDE fue denunciada por la DEA por proteger el tráfico de drogas.

Es cierto que sin la toma de conciencia acerca de la gravedad del problema de la droga jamás habrá un cambio en la ruta que, de no mediar una rápida reacción, nos conducirá al funesto destino que han corrido naciones hermanas. A diferencia de lo ocurrido durante el kirchnerismo, el Gobierno actual ha reconocido la dimensión del peligro que nos acecha. Pero si bien es un primer paso, de ninguna manera eso basta, pese a algunas victorias circunstanciales que registran nuestras fuerzas de seguridad, como la reciente captura de Delfín Castedo, el mayor proveedor de cocaína del país, y la de Ibar Pérez Corradi.

Tantos años perdidos no han hecho más que agravar el ya de por sí oscuro panorama, convirtiendo a la Argentina en una suerte de zona liberada para el negocio narco, que, además de constituir un grave problema, llegó a infiltrarse en las fuerzas de seguridad, en la política, en la Justicia e incluso en el anterior gobierno, al que se investiga por su papel en el tráfico de efedrina y por haber recibido fondos de la droga para financiar la campaña de Cristina Kirchner.

Pero ante el enorme daño ocasionado en aquellos años a la salud del país, no se explica por qué aún carecemos de una clara y decidida política o de un plan tendiente a fijarla y de personas idóneas para encararla.

No es cierto que el narcotráfico comience a acusar algunos golpes recibidos. La mera acción policial y judicial no es, por sí sola, la solución. Ambas acciones deben formar parte de un plan consensuado en su confección y coordinación con las demás representaciones políticas, autoridades provinciales y comunales.

Los operativos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad y el despliegue de un mayor control de nuestras fronteras, reducidas en los últimos años a coladores, hoy se denominan, con una expresión de deseos, “fronteras seguras”.

Con la coordinación de los ministerios de Seguridad y del Interior, la Cancillería y la Jefatura de Gabinete se han tomado medidas acertadas, pero que resultan aún muy insuficientes. No hay duda de que es indispensable extremar el control. Por las fronteras entra y sale la droga. Urge radarizarlas, en especial las del Norte, y en este sentido serán bienvenidas las 24 aeronaves que el Gobierno comprará a los Estados Unidos para destinarlas a la lucha antidrogas, pero hay que tener en cuenta que sólo un 20% de la droga ingresa por vía aérea. El resto entra por vía terrestre y fluvial, con el río Paraná como importante acceso.

También dentro del propio territorio nacional existen otras fronteras tanto o más vulnerables que las de nuestros límites geográficos. Son las que establecen violentamente las bandas de narcotraficantes en ciudades y barrios en su afán por dominar y controlar la calle. Uno de los ejemplos más elocuentes y dramáticos es Rosario.

En el plano económico, será menester instaurar un severo control financiero que cerque las maniobras de lavado y transferencia de fondos de dudoso origen. Las designaciones en la cabeza de la UIF constituyeron un primer paso alentador, como también la creación del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el ámbito del Ministerio de Justicia. A su vez, en el plano judicial es preciso actuar en dos frentes: sancionar a los funcionarios judiciales responsables de los sospechosos errores de procedimiento que con demasiada frecuencia demuelen las investigaciones de narcotráfico y, simultáneamente, combatir el creciente involucramiento de jueces y fiscales con las bandas de narcos. Como ya destacamos en esta columna, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Gustavo Gómez, afirmó que “la complicidad de algunos jueces federales del noroeste argentino con el narcotráfico es de vieja data, aunque el tema nunca haya estado en la agenda periodística”.

El armamento cada vez más sofisticado que se secuestra a los narcotraficantes es otro factor preocupante que obligará a las fuerzas de seguridad a adquirir equipos más modernos y a profesionalizar las fuerzas de control policial y militar. A su vez, esto significará contar con un mayor presupuesto. Para dar combate certero a la distribución y el tránsito de droga en el país, el Gobierno deberá contar con un grupo de seguridad blindado contra la corrupción, pues los ataques y amenazas se profundizarán.

Ante el poder del narcotráfico no caben las dilaciones ni los celos entre funcionarios porque, además de enfermar y corromper, el narcotráfico es un factor que potencia los ya de por sí graves problemas de seguridad que aquejan a nuestra sociedad.

La sola expresión de la voluntad de combatir esta negra realidad que el régimen anterior había confinado a las catacumbas no alcanza, menos aún los pasos en falso de las designaciones al frente de la ex SIDE. De no concretarse activamente el plan rector que como sociedad debiéramos reclamar, aquella voluntad quedará como otro mero recurso retórico que nos condenará a un horizonte incierto y tristemente peligroso.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1926515-por-una-politica-de-estado-contra-el-narcotrafico