Intento de desalojo a familias wichi en territorio indígena relevado por la ley 26.160 | Salta Entre Líneas
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Intento de desalojo a familias wichi en territorio indígena relevado por la ley 26.160

Intento de desalojo a familias wichi en territorio indígena relevado por la ley 26.160

El lunes 29 de mayo se realizó una denuncia en el destacamento policial de Rivadavia Banda Sur por el accionar de la misma policía que, por orden de un finquero, se hizo presente en territorio indígena relevado por la comunidad wichi Fiscal 30 El Teuquito el domingo de noche, asustando a los niños que se encontraban alrededor de un fuego, diciendo que si no se iban del lugar iban a llegar más policías para pegarles, mostrando la portación de armas y tomando fotografías y datos de las familias.

El accionar de la policía atropellando derechos de familias pobres por orden de gente con dinero no es ninguna novedad. Es moneda corriente y por momentos está completamente naturalizado. A veces actúan con orden judicial de la fiscalía de Pichanal, pero en este caso no presentaron ninguna orden de desalojo. Reconocieron que actuaron por un llamado del finquero.

Que fácil se resolvería la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico si las instituciones del Estado, como son la policía y el Poder Judicial, actuaran con la misma rapidez. Por ejemplo, se hubiera evitado la puesta en escena que armaron por el “robo del siglo” y el millón de pesos que desapareció de las narices de la policía y de las manos de la suegra del Intendente municipal hubieran aparecido en seguida, pero no, para controlar los fondos públicos destinados a los niños, a los abuelos y a los pensionados, a 30 metros del destacamento policial, no tienen personal, pero para estas acciones si. Otro ejemplo, mucho más cercano al pueblo, es el de la violencia que genera la venta y el consumo de droga, como cuando golpearon a jóvenes que estudian en el secundario de La Misión y no había personal para hacerse presente.

Como respuesta a estos atropellos y a la acción de la policía y la Justicia siempre a favor del poder y siempre en contra de los humildes, los referentes de las distintas comunidades y asociaciones se reunieron, realizaron una nota y luego la denuncia.

También se reitera el pedido al ETO de la Provincia de Salta para que entregue de una vez por todas las Carpetas Técnicas resultado de los relevamientos, respetando los mapas realizados por las mismas comunidades. La Ley Nº 26.160 de Emergencia en Materia de Posesión y Propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas originarias del país, fue sancionada en 2006, hace 11 años, prorrogada en 2 oportunidades y con un fondo de 60 millones destinados a realizar el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral, pero hasta el momento no se cubrió ni un cuarto del total. En Rivadavia Banda Sur aún ninguna de las comunidades relevadas tiene la Carpeta Técnica. Este año la ley vence y debe ser prorrogada para así evitar desalojos, pero al ritmo que viene se necesitarían 30 años más, por lo menos, para recién finalizar el relevamiento.

Esto demuestra el poco interés de los gobiernos por hacer cumplir un derecho indígena reconocido en la Constitución Nacional (art. 75. inc. 17) y en Convenios Internacionales (como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo). Mientras tanto, los negociados continúan, por eso en Rivadavia Banda Sur para el limite con Chaco solo quedan 2 lotes fiscales: uno es el 30, que está completamente poblado con dos comunidades wichi, una El Teuquito sobre el viejo cauce del Bermejo y otra, San Felipe, cercana al Bermejo; el otro es el Fiscal 21 que también es sumamente pequeño y está habitado por criollos de la zona.

Es un despropósito pretender que cientos de familias vivan en un Fiscal que tiene solo 800 mts de ancho. Lo que hubo fue un negocio muy grande del que la gente trabajadora de la zona fue completamente ajena: fiscales que se convirtieron en fincas privadas con simples trámites burocráticos en Salta capital a cambio de favores políticos; es por eso que muchos lugares que tradicionalmente se conocen como “fiscales” o de propiedad de familias criollas o indígenas pasan de la noche a la mañana a titularidad de un empresario que no es de la zona, acaparando así miles de hectáreas de bosques nativos que terminan de ser apropiados cuando aparece gente armada a alambrar y cerrar caminos de usos y costumbres.

Las familias wichí que habitan estas tierras migran de un lugar a otro de acuerdo a las estaciones, las épocas de cosecha y de posibilidades laborales en una zona que excede al municipio. En los últimos años muchas de estas familias abandonaron el monte para ir al pueblo con promesas laborales o por estar más cerca de algunos servicios como son la atención sanitaria y las instituciones educativas de nivel medio y superior. Pero como sucede hace décadas, generalmente la población que migra del campo a la ciudad o del monte al pueblo llega con muy pocos recursos materiales y simbólicos, con lo cual las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida son muy limitadas: viven de planes sociales, pensiones o becas, pero no tienen trabajo formal, ni espacio para criar animales y se amontonan en las indignas viviendas del IPV que no son más que habitaciones de 4×4. El caso de estas familias es un claro ejemplo: vieron morir 7 niños, algunos de ellos en la seguidilla de julio del 2015 con clara responsabilidad del Ministerio de la Primera Infancia y de Salud que, como acostumbran hacer, se lavaron las manos responsabilizando a las propias víctimas. También tienen niños con discapacidad, hay casos de tuberculosis, mal de chagas, desnutrición y en su mayoría son semi-analfabetos. Además, se suma la cuestión de la droga que, lamentablemente y por complicidad de las autoridades policiales, judiciales y políticas, está presente hasta en las puertas de las escuelas, cayendo en el consumo y en el negocio gran cantidad de niños y jóvenes, lo que trae aparejado más violencia con ruptura de vínculos entre vecinos y hacia el interior de las familias.

La ocupación de estas tierras que tradicionalmente utilizaron no es una salida definitiva, pero ante la emergencia social en la que se encuentra el pueblo, es una posibilidad para tener acceso a la alimentación y a una vida más sana y digna que la que se ofrece en la periferia del pueblo.

Fuente: Brian Salazar