Gasoducto NEA: Prado responsabiliza a la empresa por el robo de caños y nombra a su abogado defensor como asesor de la Municipalidad Aguaray | Salta Entre Líneas
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

No Comments

Gasoducto NEA: Prado responsabiliza a la empresa por el robo de caños y nombra a su abogado defensor como asesor de la Municipalidad Aguaray

Gasoducto NEA: Prado responsabiliza a la empresa por el robo de caños y nombra a su abogado defensor como asesor de la Municipalidad Aguaray

Mientras el pedido de intervención de Aguaray sigue frenado en la Cámara de Diputados, el intendente Jorge Enrique Prado, imputado por el robo de caños del Gasoducto NEA, admitió que la decisión de la extracción fue suya, aunque responsabilizó a la empresa que extrajo los caños y los envió a Mendoza. Además, justificó que sus abogados hayan sido designados como asesores del municipio después de iniciar la causa.

Consultado sobre el estado de la causa en la que está imputado, el Intendente señaló: “Al momento no me llamaron a declarar, estoy a la espera. El proceso de investigación termina el 18 de noviembre, donde el fiscal tiene que expedirse y generar un dictamen, pero yo quedé ahí, latente, esperando que me llamen para una declaración que nunca sucedió”.

Cabe recordar que la imputación de Prado se originó tras la autorización que dio él mismo desde el municipio para la extracción de caños del Gasoducto NEA, de una obra de Nación y valuados en 13.500.000 dólares aproximadamente, que finalmente fueron enviados a la empresa mendocina Osyp SA. Al respecto, el Intendente se defendió: “En ningún momento autorizo la extracción de caños, fue un saneamiento de todos los pasivos ambientales que tenemos en el municipio, y lo sigo manteniendo”.

“¿Vos sabés lo que es el concepto de pasivo ambiental? Antes de culpar tienen que saber el concepto”, respondió molesto ante la prensa, y continuó: “Un pasivo ambiental es toda obra que queda en rezago, que no se termina, y que quedan abandonadas. Dice la ley, más allá de dos años de permanencia en una jurisdicción. Lo que yo autorizo es que esa obra se traslade dentro del ejido municipal, porque es una resolución municipal, para que en ese sector donde están se puedan hacer otras actividades”.

Continuando con sus explicaciones, subrayó: “Yo soy ingeniero ambiental y me he preparado en el tema de los pasivos ambientales, es dinero parado para el municipio. En su momento, las empresas tendrían que tomar cartas en el asunto y terminar o no terminar los proyectos que tienen, pero remediarlos ambientalmente. La empresa que se llevó los caños tiene que responder”. Dijo, además, sobre tal empresa: “No hizo ni las obras, inclusive le mandamos una carta documento también, desapareció”.

De esta manera, y ante la insistencia de la prensa respecto a que su autorización derivó en la extracción y envío de caños de una obra nacional a otra provincia, manifestó: “¿Usted piensa que una resolución municipal puede pasar más allá de mi municipio?”, admitiendo así que la decisión fue tomada por él, aunque reiteró: “No es un error, yo voy a seguir remediando los pasivos ambientales para que se sigan haciendo en Aguaray”.

En este punto, y al recordarle que su decisión de autorizar la remediación ambiental de pasivos ambientales debía pasar por Provincia, cosa que no ocurrió, argumentó: “Creo que ustedes están distorsionando lo que estoy diciendo. De igual forma, hay una investigación, un fiscal que está al frente. Allanaron hasta mis cuentas personales, no se encontró nada; allanaron el municipio, no se encontró nada. Para mí, los que tienen que responder es la empresa. Por qué se llevó algo que no tenían que haberse llevado, inclusive pasar todo el territorio nacional con una resolución municipal. Es su punto de vista, yo tengo el mío, y veremos qué resuelve la justicia en noviembre”.
Sigue en la próxima página
Interior Salta, martes 29 de septiembre de 2020

Por otra parte, admitió la existencia de una carta documento enviada a él por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, exigiéndole que se retracte de sus dichos dado que Prado había justificado su accionar en una supuesta autorización de Nación. “Existió la carta y nosotros la respondimos”, se limitó a decir. Además, sobre sus declaraciones respecto a que la empresa a donde fueron entregados los caños estaba vinculada a La Cámpora, sostuvo: “Yo lo que dije, en su momento, es que leí en los contactos de Facebook que hacían alusión a ese movimiento”.

Finalmente, el Intendente admitió que su abogado defensor es Fernando Teseyra, designado por Resolución 619/2020, con fecha del 4 de agosto, es decir posterior a su imputación ocurrida en mayo, como asesor legal del municipio junto a Federico Cardozo Pérez. Consultado sobre esta situación, que parecería ser cuando menos un desatino, sostuvo: “Ese es un informe que hoy (por ayer) se está tratando en el Concejo Deliberante, donde decían que yo pagaba mis abogados particulares, de esta causa penal federal, con fondos del municipio. Mandé el informe al Concejo Deliberante y hay facturas que las pago yo de mi bolsillo. Son abogados míos, los pago con mi sueldo, y después son abogados legales del municipio”.

Mandó a los periodistas a consultar con los ediles y, ante a la consulta respecto a que los letrados serían pagados con fondos del municipio, se defendió: “Está suponiendo. ¿Está afirmando lo que me dice? Llame al concejo, compañero, no hay problema. Es una opinión, pero las pruebas dicen lo contrario. No hay incompatibilidad, compañero, le puedo asegurar”.

Fuente: Sapo de otro pozo/ FM Noticias 88.1 MHz.