El “Plan de Romero” para poner a los salteños en emergencia | Salta Entre Líneas
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El “Plan de Romero” para poner a los salteños en emergencia

El “Plan de Romero” para poner a los salteños en emergencia

 

El actual senador por Salta Juan Carlos Romero presidió el acto de Lanzamiento a su candidatura a Gobernador,  en el que se anunció el Plan de Emergencia Provincial, focalizado en la contención de los jóvenes víctimas de las adicciones, la generación de empleo genuino y en blanco, la construcción de 25 mil viviendas, en cuatro años y una enérgica política de seguridad.

Abrió la lista de oradores el ex senador por Anta y ex diputado nacional Alfredo Olmedo, quien participó como candidato a gobernador por Salta Somos Todos. Hizo lo propio el diputado nacional Guillermo Durand Cornejo, que dijo entre otras cosas que “Salta es tierra de nadie”.

Entre otros participaron el diputado y ex ministro de hacienda Javier David y el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada.  También estuvo presente el Diputado y sindicalista Jorge Guaymás, quien anunció su precandidatura a intendente.

Juan Carlos Romero

Durante el menemismo, el ex gobernador y actual senador por Salta Juan Carlos Romero (JCR), que fuera compañero de Carlos Menem en la fórmula que enfrentó a Kirchner-Scioli en 2003, y desde la presidencia de la Comisión de Hacienda y presupuesto del Senado, Juan Carlos Romero monitoreó el desguace del Estado, como la privatización de YPF estatal, que convirtió rápidamente en indigente y piquetera al grueso de la población de General Mosconi y Tartagaly de distintas regiones, logrando durante la década de los noventa la desaparición de economías regionales a lo largo y ancho de nuestro país, con las privatizaciones de empresas nacionales como ENTEL, AGAS, FERROCARRILES ARGENTINOS.

Su primera medida como gobernador fue declarar “prescindibles” a 5.000 empleados públicos, un eufemismo para hacerse cargo de su despido.

Privatizó la Dirección Provincial de Energía, entregándosela al,  Exxel Group, de Juan Navarro; le traspasó el banco provincial a Jorge Brito, del Banco Macro, a cambio de unos 70 mil dólares; También privatizó Obras Sanitarias de la provincia a un grupo que la rebautizó Aguas de Salta y luego la quebró.

Dentro del grupo adquirente estaba el constructor Gualtieri, protagonista a principios de esa década de la sonada estafa del dique Itiyuro II, que costó unos 60 millones de dólares y nunca se terminó. Además, Juan Carlos Romero  jibarizó Vialidad provincial, liquidó la Dirección de Arquitecturacerró el Banco de Préstamos y entregó a privados el casino y la lotería.

Creo la Secretaria de Seguridad de la gobernación, el brazo represor de su gobierno, que asumió el objetivo de contener y silenciar la protesta popular, dependiente del poder ejecutivo.
Uno de sus métodos preferidos a la hora de acallar los reclamos sindicales fueron las represiones (UTA, DOCENTES) y el ingreso de los detenidos a comisarias que NO asentaban en los libros a los “activistas”.

Como gobernador impulsó la tala de casi todas las selvas y bosques nativos, en aras de la extensión de los cultivos de soja transgénica y, en menor medida, de la ganadería, la defostación producida durante su periodo de gobierno también redundó en pavorosas inundaciones y aludes de barro como los que arrasaron Tartagal en diciembre de 2005 y febrero de 2009.

Cuando Juan Carlos Romero fue nombrado gobernador, Salta tenía un tercio de territorio selvático, hoy casi no tiene bosques nativos Según datos oficiales, entre 1998 y 2002 se deforestaron 194.389 hectáreas, y entre 2002 y 2006 esa superficie más que se dobló: 414.934 hectáreas. Durante su último año de gestión y mientras la Ley de Bosques se discutía en el Congreso,  autorizó el desmonte en un solo año de 478.204 hectáreas: una extensión similar a la de 23 (veintitrés) ciudades de Buenos Aires.

Entre 2004 y 2007, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a 211 audiencias públicas, de las cuales 195 correspondieron a proyectos de desmonte. De esos 195 pedidos fueron aprobados 191; dos no llegaron a serlo por falta de tiempo para elaborar un dictamen y otros dos quedaron postergados para ser tratados al año siguiente.

La CIENAGA es quizás la frutilla de un postre “amargo” que nos dejara el actual senador, esta causa acumula siete cuerpos de instrucción penal, avances en pericias contables y testimoniales. En Salta aseguran que sólo resta la indagatoria a Romero para que le caiga el procesamiento y el caso se encamine a juicio. Pero el ex gobernador viene eludiendo esto, gracias a sus contactos en el mundillo judicial, por lo que el expediente se mantiene en stand by.

Su situación ante la justicia salteña no es más confortable que la del vicepresidente, ya que el ex gobernador de Salta está cerca de ir a juicio por una maniobra inmobiliaria, ocurrida durante su gestión, en la que se utilizaron fondos del Estado para favorecer a una empresa de su clan familiar.

En la causa conocida como “El Hangar” lo que se investiga es la sospechosa sesión de un predio de Aviación Civil a la empresa Finca La Represa S.A., firma que preside Juan Esteban Romero, hijo del senador, y en cuya integración aparece como accionista mayoritario Avión Sur S.A., compañía que preside el propio Juan Carlos Romero. La transferencia se registró apenas días antes de que el ex gobernador abandone el poder en Salta, quedándose así con un hangar público para sus aeronaves privadas.

En sus primeros años de senador nacional y posterior a sus 12 años años como gobernador, Romero integraba el bloque del Frente para la Victoria y juraba lealtad al gobierno. Después de un año de marchas y contramarchas, en febrero de 2009 descubrió que la gestión de CFK es “stalinista” e “intolerante” y se fue del bloque, arrojándose en brazos de Reutemann. Sostuvo en su renuncia cosas tan incomprensibles como que “la sociedad reclama por la impunidad con que se matan diariamente (sic) a hombres y mujeres inocentes sin reacción oficial” y “cómo es posible que después de cinco años de gobierno descubramos a los pobres en Tartagal, cuando millones (sic) de ellos se hacinan a metros (sic) del Obelisco”.  También expresó que rompía con el gobierno de CFK a causa del “empobrecimiento y degradación” de la educación pública.

Alfredo Horacio Olmedo

Este millonario sojero se incorporó a la política activamente cuando fue elegido senador provincial por Anta en el año 2007, de la mano del Movimiento Popular Salteño, que adhería a la formula Wayar-David. Su paso por la senaduría provincial fue “sin pena y sin gloria”, los anteños no recuerdan ningún proyecto impulsado por el sojero Olmedo, pero aun recuerdan cuanto dinero gana desde las tierras públicas llamadas “Salta Forestal”.

En el año 1991, funcionaba Salta Forestal como una sociedad del estado, donde había más de 600 trabajadores que dependían de la empresa. La mayoría era trabajadores golondrina que venían a la explotación del monte y que se fueron asentando. Tal es así que nace el pueblo en el propio Salta Forestal.

El gobierno del capitán Ulloa planteó el cierre de esta empresa, quedando un residual. “La indemnización fue el mal llamado retiro voluntario, donde los trabajadores terminaron viviendo en las periferias de Joaquín V. González. A pesar que el municipio tenía un 2% de acciones en la empresa”

Más adelante, con la privatización de Altos Hornos Zapla, con el cierre de la explotación del carbón, llevó a que no hubiera razones para que siguiera funcionando Salta Forestal porque era el proveedor de la empresa jujeña.

Un decreto del año ’93 argumentaba el estado de emergencia administrativa y económica de la provincia y apuntaba a la reestructuración y racionalización de todos los sectores de la administración pública (También a lo largo y ancho del país), con miras a dotarla de eficiencia para brindar correctamente los servicios esenciales.

En el marco de esta ley se faculta al Poder Ejecutivo para que proceda a la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras, cuyas gestiones se encuentren a cargo del estado, con lo cual se abre el camino a la privatización, entre ellos Salta Forestal, la Dirección Provincial de Energía, el Banco de la Provincia, la Caja de Jubilaciones, el estadio polideportivo, el Hotel Termas, la administración del juego en el Banco de Préstamos y Asistencia Social, entre otros,

También señaló que ese decreto llevaba la firma del entonces gobernador Roberto Augusto Ulloa, el ministro de Bienestar Social, Aldo Juncosa y el ministro de Gobierno, Alfredo Puig, entre otros.

En el año 1994 se aprueba una ley en base a un proyecto del 10 de agosto del año ‘93 de la Cámara de Diputados, donde se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a la declaración de sujeto a privatización de la empresa estatal Salta Forestal.

Salta Forestal es una propiedad fiscal del estado provincial de más de 320.000 hectáreas, que constituye una parte importante del chaco salteño y que integra el Chaco, que es el segundo bosque en importancia en América del Sur y quizá el único en el mundo, con casi 8 millones de hectáreas entre los cuatro países limitantes que lo contienen que son Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. Es una zona fitogeográfica única en el mundo por su biodiversidad, como ecosistema ambiental. Según expresiones calificadas de ambientalistas internacionales y del propio gobierno provincial, cuando contrató una auditoría para evaluar el potencial de Salta Forestal.

El “negoción” de Salta Forestal, que privatiza el Dr. Juan Carlos Romero entonces gobernador, porque a pesar de toda la premisa de la importancia como medio ambiente, como ecosistema y como biodiversidad natural, el gobierno decidió privilegiar el negocio comercial a manos de intereses particulares, por lo menos en la forma visible de Olmedo y Cervera, que aparecen como dueños de Ecodesarrollo S.A., en aquél entonces en formación.

Primero se eliminaron los competidores. Una vez eliminados se llamó a licitación pública, quedando un sólo oferente porque nadie más pudo comprar pliegos”,  decía en ese entonces el titular de la CTA Salta, Vuenaventura David, además agregaba “El diario El Tribuno, dos meses antes que se abrieran los sobres, decía que la oferta de Eco Desarrollo era de 36 millones de dólares de inversión, o sea, la quinta parte de lo que había ofrecido originariamente cuando tenía que competir con los otros y que fue el elemento que determinó la aprobación de su propuesta como iniciativa privada. O sea que desaparece la razón del privilegio de la oferta. Es así que se llega a la concesión de Salta Forestal en condiciones realmente viles, absurda. Esto realmente es un robo porque las condiciones en que se concesiona son realmente absurdas. Para tener una idea, la concesión es por 35 años con posibilidad de prorrogar por 64 años más. Los primeros 20 años, de los 35, son sin pago de canon alguno y por los otros 15 años siguientes, un canon de $90 mil por año, porque el contrato está hecho en pesos”.

Trabajo esclavo

No conforme con el uso de la tierra pública, en el 2011 Olmedo fue sorprendido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),quien  a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, detectó un nuevo caso de trabajo ilegal y condiciones laborales infrahumanas, en un campo perteneciente a la empresa Alfredo Olmedo S.A., que cuenta, además, con los beneficios del Régimen de Promoción Agrícola.

La comisión oficial fue encabezada por los secretarios de Trabajo y de Derechos Humanos, Nicolás Maza y Domingo Bordón, el responsable de la Unidad de Trata de Personas, Fernando Torres, y el delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación, Alfredo Celis Mercado, junto con personal técnico y de campo de la Delegación de Migraciones.

Las irregularidades constatadas por la Ley Nacional 19.587 (Decreto 351), de Higiene y Seguridad, se refieren a “las condiciones dignas y en un total estado de Derecho, de los trabajadores, del funcionamiento de instalaciones dedicadas a la producción (en este caso al cultivo y cosecha de olivos), y la estadía de los asalariados en las instalaciones de la finca”.

El ministro de Infraestructura, Javier Tineo, confirmó que “este mediodía fue clausurada la finca del diputado de Salta Alfredo Olmedo debido a las irregularidades que se detectaron por parte de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en relación a las condiciones pésimas en la que se encontraban los trabajadores”.

Los trabajadores estaban viviendo en condiciones paupérrimas e indignas lo cual llevó a que la clausuráramos y le diéramos un plazo de 72 horas para que normalice la situación, por lo que se hará una revisión al resto de la finca en lo que respecta al cumplimiento de las normas impositivas por las que fueron beneficiados”.

“Entre los puntos que se observaron, que fundamentaron la decisión adoptada -dijo- se evidencia la total falta de criterio, compromiso y solidaridad con los trabajadores mal llamados `golondrinas`, las paupérrimas condiciones de habitabilidad y sanitarias ya que dormían bajo carpas de plástico, atendiendo que cuando la temperatura asciende o desciende, el lugar se torna inhabitable; sus colchonetas están a no más cinco o seis centímetros del suelo”.

Juan Carlos Romero y Alfredo Olmedo, prometieron un Plan de Emergencia Provincial,  generación de empleo, 25 mil viviendas y una enérgica política de seguridad… ¿cuanto nos costará esta vez a los salteños tamaño compromiso?.

 

Fuente: aerom