20 años después: sortean jueces para la causa de los intendentes | Salta Entre Líneas
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20 años después: sortean jueces para la causa de los intendentes

20 años después: sortean jueces para la causa de los intendentes

Serán sorteados jueces de segunda instancia para integrar la Corte en una causa por delitos relacionados con la función pública. Es porque los jueces de la Corte de Justicia de la Provincia se excusaron para decidir en la causa contra Sergio Ramos y otros, por delitos relacionados al ejercicio de la función pública, varios de los cuales ya habían sido sobreseídos. Los jueces de la que se excusaron son los que ya se habían expedido en la misma causa, avalando la prescripción.

Ante ello, se procedió al sorteo de los jueces de segunda instancia que integrarán la Corte para resolver en relación a los requerimientos especificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La causa llegó a la Corte de Justicia de la Provincia para decidir en relación a la prescripción de la acción penal de los delitos perseguidos contra los imputados. Los requerimientos fiscales se referían a supuestos hechos que databan desde los años 1996 a 2000.

Por su parte, el Máximo Tribunal de la Nación, en resolución notificada a la Corte de Justicia de Salta el 8 de marzo de este año, dispuso que se expida en relación a la no aplicación de la causal de suspensión mientras el acusado se encontrara ejerciendo el cargo público.

La causa se encuentra en trámite a cargo del juez Rubén Eduardo Arias Nallar, y está en estado de resolver la excusación planteada por uno de los jueces sorteados.

La causa de los intendentes

Sergio “El Topo” Ramos era intendente de Rosario de Lerma cuando fue denunciado por defraudación al estado, junto a otros jefes comunales. La mayoría de los hechos imputados se produjeron en fecha indeterminada y dieron comienzo entre 1997 y 1999, mientras que otros fueron denunciados entre 2000 y 2001.

La causa se conoció como “la de los intendentes”, y vinculó a varios funcionarios: Sergio Omar Ramos, Humberto Rubén Corimayo, Pedro Alberto Gallardo, Eva Josefina Ferraro de Gallardo, Narciso Cortez Jerez, Julio Ernesto Velarde, Manuel Pío Coronel y Sergio Enrique Bianchi.

Las acusaciones fueron fraude a la Administración Pública, malversación de caudales públicos, peculado y demora injustificada de pago; incumplimiento a los deberes de funcionario público y demora injustificada de pago; Libramiento de cheques a sabiendas que al momento del cobro no podrán ser legalmente pagados respecto del cheque 06519276 de Banco Salta SA, actual Macro SA.

A Corimayo se lo investigó por el faltante de $700.000 que correspondían a la Cooperadora Asistencial y que al parecer no tuvieron ese fin.

Hace unos años, Ramos presentó el recurso legal invocando que si la acción penal ha prescripto para la causa 79316/99 por el delito de fraude a la administración pública, también lo ha sido para el resto de los delitos imputados.

Pero la Cámara Primera en lo Criminal rechazó el pedido de sobreseimiento por el carácter de funcionario público de Ramos y en consecuencia, la causa no podía prescribir. El letrado Darío Palmier apeló la denegatoria de sobreseimiento resuelta por la Cámara Criminal Nro. 1, presentando un recurso de casación.

Entonces la decisión pasó a La Corte de Justicia de Salta, que revocó uno de los puntos de la resolución de la ex Cámara Primera en lo Criminal que había rechazado el sobreseimiento por extinción de la acción penal en la llamada “Causa de los Intendentes”. “El proceso penal no puede quedar indefinidamente abierto, lo que constituye una derivación sustancial del deber de respeto a la dignidad de la persona”, dictaminó la Corte.

Fue entonces cuando Alejandro Saravia, Fiscal ante la Corte Nº 1 de Salta, presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la maniobra de Ramos y la causa se reabra.

“En legal tiempo y forma vengo a plantear recurso extraordinario federal, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 14 y 15 de la ley 48 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Cuestiono, por la gravedad institucional que entraña, la decisión de la Corte de Justicia de Salta, dictada en fecha 4 de febrero de 2014 en los autos de referencia, en cuanto dispuso hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa”, escribió Saravia.

Fuente: El Acople